El siguiente extracto de la ponencia “Problemática y puesta en valor del patrimonio arqueológico peruano”, presentada al conversatorio “Estado y cultura: conservación del patrimonio cultural del Perú” ofrecida el año 2000 por el arqueólogo Walter Alva, descubridor de las Tumbas Reales del Señor de Sipán, nos previene contra la improvisación en lo que se refiere a la puesta en valor de los bienes monumentales.
“Las tendencias actuales de proteger y conocer el pasado de la humanidad, rescatando y consolidando las identidades culturales de cada pueblo o nación, viene estimulando la necesidad de reforzar el concepto del llamado patrimonio cultural de los pueblos, como un encadenamiento semejante al de la cadena biológica donde no puede entenderse la vida sin estudiar y proteger cada una de las especies”.
Vale esta breve reflexión, frente a la pervivencia de tergiversados conceptos que sólo reconocen el valor artísticos de los objetos arqueológicos o justifican su descontextualización para exhibirlos en los museos públicos o privados , así como la separación de lo mueble e inmueble, o la preferente protección de sólo lo magníficamente monumental.
Constituyendo los testimonios arqueológicos parte de un proceso, resultan únicos e irrepetibles, por lo tanto su degradación o destrucción constituye pérdida irreparable.
Como se comprenderá, el término de puesta en valor implica la intervención de un monumento arqueológico para propiciar su conservación y utilización en una función social o de interés público.
Este concepto nace originalmente aplicado a los monumentos históricos cuyas características, conocimiento documental y contexto generalmente urbano, facilitan su recuperación. Para el caso de los monumentos arqueológicos, evidentemente se requiere un tipo de tratamiento especial de carácter de integral, que necesariamente debe iniciarse con la investigación científica del monumento, su saneamiento legal, trabajos paralelos de conservación, consolidando y alternativa restitución bajo el concepto de anastilosis que no debe ir más allá de la evidencia sustentada en la investigación.
Si se pretende llegar hasta su habilitación turística, necesariamente deben crearse circuitos básicos de tránsito, museos de sitio para exponer el proceso de recuperación y los materiales que forman parte indivisible de su contexto. La habilitación de una infraestructura básica de servicios para los visitantes es parte de la puesta en valor y recuperación, así como la generación de programas de extensión educativa para lograr la integración del monumento a la vida actual de la comunidad y su uso y de disfrute social.
El planteamiento de las Normas de Quito (de la UNESCO) propuestas el año 1968, resultan claros sobre el particular, advirtiéndose que la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción sistemática, evidentemente técnica. Al hablar de los instrumentos de la puesta en valor de todo bien monumental, se menciona que esta propuesta no puede tener lugar si no existen en el país que los alberga las condiciones legales y los instrumentos técnicos para hacerla posible.
Dentro del marco cultural, según estas recomendaciones, son requisitos previos a cualquier propósito dirigido a revalorizar su patrimonio monumental los siguientes: una legislación coherente, una eficaz organización técnica y una planificación nacional.
Los proyectos en puesta en valor necesariamente deben formar parte de planes de desarrollo nacional, la legislación adecuada indica la necesidad de disposiciones gubernamentales donde prevalezca en todo momento el interés público. De otro lado, se exige una dirección coordinada del proyecto mediante un instrumento idóneo, capaz de centralizar su ejecución en todas las etapas y, evidentemente, la designación de un equipo técnico que pueda llevarla a cabo.
Frente a estas consideraciones y la tendencia actual en nuestro país de incorporar a la brevedad posible lo más representativo de su patrimonio arqueológico al turismo, conceptuando algunas veces a los monumentos sólo como un recurso para este fin, cabe preguntarnos si existen en el Perú las condiciones básicas para iniciar procesos de puesta en valor de nuestros principales monumentos arqueológicos, o si, por el contrario, estamos frente al grave riesgo de cometer errores irreparables que otros países ya han sufrido como una negativa experiencia.
Definitivamente, la apresurada apertura al turismo masivo de monumentos arqueológicos aún no investigados y de una extraordinaria fragilidad como los de la costa norte, puede conducirnos a procesos irreversibles de destrucción. El tema nos conduce a establecer el estado y la problemática actual del patrimonio arqueológico. Basta revisar los archivos periodísticos de los últimos cincos años para comprender la magnitud de la destrucción y la poca capacidad del Estado para su mínima protección.
El panorama resulta tan dramático, que debemos tratarlo como un tema casi estrictamente de subsistencia para las futuras generaciones.
“Las tendencias actuales de proteger y conocer el pasado de la humanidad, rescatando y consolidando las identidades culturales de cada pueblo o nación, viene estimulando la necesidad de reforzar el concepto del llamado patrimonio cultural de los pueblos, como un encadenamiento semejante al de la cadena biológica donde no puede entenderse la vida sin estudiar y proteger cada una de las especies”.
Vale esta breve reflexión, frente a la pervivencia de tergiversados conceptos que sólo reconocen el valor artísticos de los objetos arqueológicos o justifican su descontextualización para exhibirlos en los museos públicos o privados , así como la separación de lo mueble e inmueble, o la preferente protección de sólo lo magníficamente monumental.
Constituyendo los testimonios arqueológicos parte de un proceso, resultan únicos e irrepetibles, por lo tanto su degradación o destrucción constituye pérdida irreparable.
Como se comprenderá, el término de puesta en valor implica la intervención de un monumento arqueológico para propiciar su conservación y utilización en una función social o de interés público.
Este concepto nace originalmente aplicado a los monumentos históricos cuyas características, conocimiento documental y contexto generalmente urbano, facilitan su recuperación. Para el caso de los monumentos arqueológicos, evidentemente se requiere un tipo de tratamiento especial de carácter de integral, que necesariamente debe iniciarse con la investigación científica del monumento, su saneamiento legal, trabajos paralelos de conservación, consolidando y alternativa restitución bajo el concepto de anastilosis que no debe ir más allá de la evidencia sustentada en la investigación.
Si se pretende llegar hasta su habilitación turística, necesariamente deben crearse circuitos básicos de tránsito, museos de sitio para exponer el proceso de recuperación y los materiales que forman parte indivisible de su contexto. La habilitación de una infraestructura básica de servicios para los visitantes es parte de la puesta en valor y recuperación, así como la generación de programas de extensión educativa para lograr la integración del monumento a la vida actual de la comunidad y su uso y de disfrute social.
El planteamiento de las Normas de Quito (de la UNESCO) propuestas el año 1968, resultan claros sobre el particular, advirtiéndose que la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción sistemática, evidentemente técnica. Al hablar de los instrumentos de la puesta en valor de todo bien monumental, se menciona que esta propuesta no puede tener lugar si no existen en el país que los alberga las condiciones legales y los instrumentos técnicos para hacerla posible.
Dentro del marco cultural, según estas recomendaciones, son requisitos previos a cualquier propósito dirigido a revalorizar su patrimonio monumental los siguientes: una legislación coherente, una eficaz organización técnica y una planificación nacional.
Los proyectos en puesta en valor necesariamente deben formar parte de planes de desarrollo nacional, la legislación adecuada indica la necesidad de disposiciones gubernamentales donde prevalezca en todo momento el interés público. De otro lado, se exige una dirección coordinada del proyecto mediante un instrumento idóneo, capaz de centralizar su ejecución en todas las etapas y, evidentemente, la designación de un equipo técnico que pueda llevarla a cabo.
Frente a estas consideraciones y la tendencia actual en nuestro país de incorporar a la brevedad posible lo más representativo de su patrimonio arqueológico al turismo, conceptuando algunas veces a los monumentos sólo como un recurso para este fin, cabe preguntarnos si existen en el Perú las condiciones básicas para iniciar procesos de puesta en valor de nuestros principales monumentos arqueológicos, o si, por el contrario, estamos frente al grave riesgo de cometer errores irreparables que otros países ya han sufrido como una negativa experiencia.
Definitivamente, la apresurada apertura al turismo masivo de monumentos arqueológicos aún no investigados y de una extraordinaria fragilidad como los de la costa norte, puede conducirnos a procesos irreversibles de destrucción. El tema nos conduce a establecer el estado y la problemática actual del patrimonio arqueológico. Basta revisar los archivos periodísticos de los últimos cincos años para comprender la magnitud de la destrucción y la poca capacidad del Estado para su mínima protección.
El panorama resulta tan dramático, que debemos tratarlo como un tema casi estrictamente de subsistencia para las futuras generaciones.
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